Cárcel al que obligue a firmar en blanco
El Congreso del Estado analizará una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado para agregar como delito la conducta por parte del patrón que por cualquier medio obligue o condicione a un trabajador a firmar documentación en blanco, ya sea para su contratación o en cualquier otro momento de la relación laboral, y que implique la renuncia a o le imponga obligaciones sin acuerdo previo y consensuado.
derechos de los trabajadores
«Si bien es sabido que los derechos laborales son irrenunciables, ello no ha sido impedimento para que, abusivamente, algunos patrones entablen o pretendan establecer una relación de trabajo bajo un desconocimiento de los derechos de las personas a su servicio, a través de la coerción sobre estos para la firma de documentos que implican una carga en su contra o una renuncia en favor de la parte patronal», resaltó el diputado local Fernando Rocha Amaro.
Al realizar la ampliación de motivos, el legislado panista señaló que en estos tiempos, debido a la precaria condición en la que se ha colocado a miles de mexicanos por las consecuencias en el sector productivo ocasionadas por la pandemia de Covid-19, más que nunca se debe proteger los derechos de los trabajadores y la dignidad de su persona.
«En la práctica jurídico-laboral es común que se conozca de casos en que los trabajadores son obligados o presionados para que firmen documentos que les mermen o disminuyan sus derechos laborales, tales como una renuncia voluntaria o renuncia a prestaciones, entre otros», manifestó en la tribuna del Congreso del Estado al presentar su iniciativa ante el pleno.
Agregó que a los trabajadores incluso se les llega a coaccionar para que firmen documentos en blanco como condición para su contratación por determinada empresa y su ingreso a la planta laboral de la misma.
«En lo que respecta a los legisladores, podemos y debemos ajustar la normativa que tenga efectos directos e indirectos en los derechos que derivan de las relaciones laborales», afirmó.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, establece que esta conducta se podría sancionar con uno a cinco años de prisión.
