Pueblos originarios exigen mayor voz y voto en decisiones que afectan sus derechos y territorios
Durante las consultas para la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos pidieron garantías a sus demandas
Los pueblos originarios de México se pronunciaron a favor de contar con mayor voz y voto en la toma de decisiones que impacten sus derechos y territorios, en el marco de las consultas realizadas sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las demandas surgieron durante los encuentros en sus comunidades, informaron las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega y Susana Harp Iturribarría, presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, respectivamente.
Durante la cuarta sesión del comité técnico encargado de elaborar la propuesta de la nueva ley, Celeste Ascencio destacó que las principales demandas de los pueblos originarios incluyen la necesidad de participar activamente en la renovación o cancelación de concesiones a empresas que puedan afectar el medio ambiente.
Resaltó que, en términos de seguridad, se deben tomar medidas preventivas, ya que existe el riesgo de que ciertos poderes fácticos intenten manipular las consultas a través de amenazas o presiones económicas.
Uno de los puntos clave que las comunidades han insistido es la importancia de que se respeten sus usos y costumbres; además, subrayaron la necesidad de que se les garantice una reparación adecuada en caso de que sus territorios sufran daños, ya sea por actividades empresariales o por decisiones gubernamentales.
En este sentido, las senadoras subrayaron que el propósito de la ley secundaria es asegurar que los derechos de todos los pueblos originarios y afromexicanos sean plenamente reconocidos antes de que cualquier iniciativa, medida administrativa o acción que pueda afectar sus territorios sea tomada sin su participación.
Por su parte, Susana Harp expresó que uno de los objetivos de esta reforma es otorgar a las comunidades indígenas y afromexicanas la posibilidad de ejercer un papel activo en las decisiones legislativas, asegurando que sus derechos sean una prioridad en el marco legal del país.
