Nacional

Licita gobierno compra de casi 300 mil armas de guerra

Buscan fortalecer al Ejército en el combate al crimen organizado

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planea adquirir en el extranjero casi 300 mil piezas de armamento militar como parte de una estrategia para fortalecer la capacidad operativa del Ejército y la Fuerza Aérea frente al crimen organizado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó la licitación pública LA-07-110-007000999-T-438-2025, disponible en el portal Compras MX, para adquirir cartuchos, granadas, explosivos y cordón detonante. Entre los materiales solicitados destacan 140 mil cartuchos calibre 7.62×51 mm, de uso común en rifles de asalto y ametralladoras, utilizados por ejércitos miembros de la OTAN.

Además, se contempla la compra de 73 mil granadas de mano, 900 explosivos preparados y 15 mil metros de cordón detonante, elementos que reforzarán la capacidad de respuesta en enfrentamientos contra grupos criminales fuertemente armados.

Los productos deberán ser nuevos, no remanufacturados, con una vida útil mínima de diez años y garantía escrita de calidad. La Sedena también exige total confidencialidad en el proceso, financiado a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

La licitación señala que este tipo de equipo representa una ventaja táctica ante organizaciones criminales que han adoptado estrategias militares, utilizando vehículos blindados improvisados, armas automáticas y drones con explosivos.

Organismos como Insight Crime han documentado cómo los cárteles mexicanos han evolucionado hacia un enfoque militarizado en sus tácticas y armamento. Expertos, como Eduardo Bueno, aseguran que las organizaciones delictivas ya no dependen únicamente de armas antiguas provenientes de Centroamérica, sino que ahora tienen acceso a tecnología militar moderna a nivel global.

De concretarse, esta sería una de las compras de armamento más significativas del gobierno de Sheinbaum desde su llegada al poder hace casi diez meses. La presidenta ha mantenido una postura crítica hacia gobiernos estatales que apuestan por estrategias bélicas para enfrentar la violencia, insistiendo en que el camino hacia la paz pasa por fortalecer la justicia y no por los “Estados de excepción”.

Sin embargo, esta adquisición muestra un giro en la política de seguridad nacional, con un claro énfasis en dotar a las fuerzas armadas de mayor capacidad técnica y logística para enfrentar a grupos cada vez más armados y organizados.